NARCOCULTURA, ESTADO E IMPUNIDAD
 
Mario Lope Herrera
 
 
Los problemas más serios que enfrenta el Estado mexicano son el narcotráfico y el crimen organizado. No podemos concebir un futuro inmediato en el país sin pensar cómo solucionar esta incertidumbre generalizada. Más allá de necesidades y desigualdades sociales que enfrenta nuestra sociedad como la educación, salud, pobreza, marginación, etc., el tema del crimen organizado y el tráfico de drogas en México ha puesto en severa crisis a un debilitado estado de derecho.
 
LOS INICIOS
Ese es el tema de esta columna. No precisamente cuál es la solución al problema sino más bien pretendo señalar el origen de ese lastre y el por qué aún se mantiene vigente. Sostengo la hipótesis que el Estado mexicano, desde hace varias décadas atrás (cuatro para ser exactos) dejó crecer (por no decir fomentó) organizaciones criminales que lucraban en sus orígenes con mercancía de fayuca y que posteriormente evolucionaron a otro tipo de ganancia ilícita a través del traspaso y venta de drogas, primero a Estados Unidos y luego al autoconsumo.
Ante un evidente escenario de corrupción, estos grupos clandestinos organizados crecieron frente al éxito de sus empresas. Las grandes ganancias no se hicieron esperar y el Estado Mexicano fue el depositario de prebendas de las que muchos políticos hicieron fortuna. Podríamos aventurar que el primero en ejecutar el cobro de derecho de piso fue efectivamente el Estado, pues al abstenerse de cumplir la ley se coludió con estas organizaciones, llegando a formar parte de una naciente subcultura de la corrupción y la impunidad.
Cantidades de dinero comenzaron a circular para comprar, en primera instancia, políticos (diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales, delegados, jueces, magistrados), y luego cuerpos policíacos, hasta fomentar socialmente la cultura de la transa, la mordida, la impunidad, la inmunidad, la corrupción, y finalmente un cáncer que hoy tristemente define y caracteriza al Estado mexicano: la simulación. Nacía el México de los discursos utópicos ante una realidad que comenzaba a ser cada vez más ajena a éstos.
Gobiernos iban y venían. El país crecía demográficamente y los grandes temas sociales se atendían tibiamente, especialmente las desigualdades, muy por encima de la educación pública de calidad, la salud, el empleo y el fortalecimiento de la economía a través de un mercado interno y el poder adquisitivo per cápita (fortalecimiento que nunca llegó, por cierto). México crecía muy lento, apenas fortalecido por el petróleo. Ese era el México real. Del otro lado de la moneda crecía un México que comenzaba a dar fruto. El del crimen organizado. La economía en aquél México era fortalecida por los cárteles colombianos que “rentaban” como bodega al país para transportar la droga a Estados Unidos. Así fueron creciendo, alimentados por la impunidad que el Estado les brindaba, grandes organizaciones que, dicho sea de paso, fueron multiplicándose para controlar las nacientes plazas (grandes ciudades o entidades enteras).
Esta economía ilícita, parte de la subcultura del México de finales del siglo XX, no fue soslayada por ningún mandatario mexicano. Los presidentes de la República de aquél tiempo, priistas todos, dejaron crecer esta industria en el país creyendo, erróneamente, tenerla controlada a través de mecanismos propios de las novelas de Mario Puzo. Ayuda mutua y padrinazgo. Las grandes cantidades de dinero mandaban, y los favores eran sellados por un lazo de amistad, esa que otorga la impunidad. Así surgieron los capos, los jefes, los narcos… los poderosos, y sus relaciones con los presidentes e integrantes de sus gabinetes, con sus respectivos gobernadores en su contexto coyuntural. Nacieron nombres como Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, Amado Carrillo Fuentes (alias El Señor de los Cielos), Héctor Luis Palma Salazar (alias El Güero), Benjamín Arellano Félix, Ismael Zambada (alias El Mayo), Juan José Esparragoza Moreno (alias El Azul) y el más buscado por Estados Unidos en la actualidad, Joaquín Guzmán Loera (alias El Chapo). Una vez asentados los reales del narcotráfico en la cultura socioeconómica del país, el Estado caminó de la mano con el crimen organizado.
 
LOS AÑOS EN PAZ
Dadas las condiciones y establecidos los mecanismos operativos de la nueva cultura de la corrupción y su relación con el Estado Mexicano, el país navegó en aguas mansas (quizá eso nos hicieron creer) pues a pesar de ciertos grupos antagónicos que comenzaban a disputarse plazas y territorios, el Estado participaba únicamente como observador. En este capítulo de la historia de nuestro país, los gobiernos pactaban con el crimen organizado para que éste dejara la menor estela de violencia en la disputa de plazas. Ante la sociedad, el discurso oficial empleado manipulaba el verdadero entorno con el crimen organizado y las prácticas ilícitas, no solamente en el tema de traspaso y venta de drogas, sino también en el contrabando y la piratería de las cuales el gobierno salió beneficiado.
La sociedad apenas y advertía operativos contra la venta de fayuca o avistaba en la televisión imágenes del ejército mexicano decomisando cargamentos de cocaína o fumigando cientos de hectáreas de cultivo de marihuana. Era la naciente cultura de la simulación. Así funcionaba en el México de los 70´s, 80´s y 90´s.
Cada gobierno heredaba el modus operandi, un contrato escrito sin firmas entre gobierno y mafias.
Estados Unidos fue el destino primario de mercado durante aquellos años. Los jóvenes norteamericanos fueron blanco del Cártel de Calí, Medellín, Guadalajara y Tijuana, cuatro de los más poderosos en los ochenta y principios de los noventa. Rafael Caro Quintero (preso), Pablo Escobar –colombiano- (abatido), Miguel Ángel Félix Gallardo (preso) y los hermanos Arellano Félix (presos y abatidos) dominaron las transacciones y negociaron inmunidad con los mandatarios a cambio de grandes cantidades de dinero, privilegios y, por supuesto, apoyo económico para campañas políticas y captación del voto.
 
LOS AÑOS EN GUERRA
Al concluir los gobiernos priistas (bastiones para el desarrollo de la narcocultura de la corrupción) la simulación del Estado se acentuó aún más en su intento por frenar a las mafias (para entonces ya multiplicadas y fuera de control), de manera que la mentira y el cinismo continuaron con su ya larga tradición de ser un abstracto en el imaginario político y poderoso vehículo de manipulación (sugiero leer el libro de Sara Sefchovich, “País de mentiras”, publicado en 2008 bajo la editorial Océano).
Para el año 2000, las bandas de narcotraficantes recrudecieron la pugna por territorios y plazas de trasiego. El gobierno de Vicente Fox, panista, había llegado al poder con grandes expectativas de cambio. Sin embargo, el hecho de pertenecer a otro partido, no cambió absolutamente en nada la larga usanza de pacto con el crimen organizado. Analistas y estudiosos del tema han abundado sobremanera en afirmar que el primer gobierno panista de la historia dejó crecer aún más los grupos criminales. No es propio de la administración actual el recrudecimiento de la violencia. Así, durante el sexenio foxista las bandas criminales y cárteles de la droga habían pactado con aquel gobierno para “proteger” a ciertos capos y sus operaciones en territorio nacional. El hoy más buscado en el mundo por Estados Unidos, El Chapo Guzmán, se fugó del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, a los cincuenta días de haber asumido Vicente Fox el poder. El pacto estaba cumplido.
Un caso muy particular es el de Juan José Esparragoza Moreno (El Azul). Éste fue protegido por autoridades mexicanas en su rito de concertar con capos de peso. Algo extraño sucedió pues fue en el sexenio foxista cuando El Azul, quince mese después de la fuga de El Chapo Guzmán, fue perseguido por autoridades mexicanas sin éxito alguno de capturarlo. Fuentes afirman que estaban a punto de apresarlo cuando “la investigación realizada por la PGR para localizar y detener a Esparragoza fue archivada, según se pudo indagar, por una orden superior. No se sabe si provino de un alto funcionario de la PGR o de la Presidencia de la República” (PROCESO: 1834, pág., 9)
No es casualidad que hace unos meses el ex mandatario guanajuatense opinó que se debía confabular una tregua con el crimen organizado al grado de otorgarles amnistía, cosa que a muchos desagradó y a otros no tanto. No hace falta especular para aventurar que el gobierno foxista estuvo marcado por un pacto de no agresión entre el Estado Mexicano y el crimen organizado; pacto que Felipe Calderón rompió.
El agua estancada fue removida por una declaración de guerra que no acababa de ser un sueño quimérico del presidente Calderón. Un sueño donde muchos mexicanos han visto morir a manos de narcotraficantes a sus seres queridos. Sin embargo algunos se preguntan si es moralmente necesario pactar con estos grupos criminales para evitar el derramamiento de sangre. Hay un México que piensa que esas aguas no debieron ser revueltas. ¿Cómo llamarle, desde la ética, a esta tendencia?
 
ESTADOS UNIDOS, DE DOBLE FILO
El país vecino también tiene sus pactos. Estos básicamente son con México y con los cárteles de la droga. En los últimos quince años EU ha tendido ambas manos en dos vertientes diferentes y opuestas. Los operativos Rápido y furioso y Arma blanca así lo comprueban. La DEA y la ATF han basado sus éxitos de captura a base de soplones e infiltrados en los cárteles. Sin embargo, nuestro vecino pacta con estos para “sacar” información con una metodología muy diferente a la nuestra.
El modus operandi se sostiene en la premisa de infiltrar agentes, obtener información, capturar, volver a obtener información de primera fuente del capturado, otorgar inmunidad o negociar sentencias, y finalmente dar el golpe. El caso de Jesús Vicente Zambada Niebla (El Vicentillo) lo ratifica. Éste había sido autorizado por El Chapo Guzmán para “convertirse en informante de la DEA a fin de obtener beneficios para el cártel de Sinaloa” (PROCESO: 1832, pág., 6). Sin embargo las autoridades estadounidenses, presuntamente, le otorgaron inmunidad a El Vicentillo (eliminación de los cargos por narcotráfico que se le imputan) para hacerse informante de la DEA y revelar las operaciones de las organizaciones criminales enemigas del cártel de Sinaloa. Ambas partes niegan los supuestos que se les inculpan.
Otro caso es el de Jesús Manuel Fierro Méndez (portavoz de El Chapo Guzmán) quien “fue detenido por la DEA el 10 de octubre del 2008 en su casa de Ciudad Juárez (…), selló un acuerdo con la Procuraduría Federal de Estados Unidos. Evitó ser sentenciado a 27 años de cárcel a cambio de testificar en contra de sus antiguos socios del cártel de Sinaloa.” (et. al).
Notamos que EU, en su lucha contra el narcotráfico, tiene doble moral. Por un lado otorga arsenal a cárteles mexicanos y por otro protege informantes, reduciendo o eliminando cargos, dejando en libertad a asesinos y mostrando un rostro que no ostenta en las cumbres bilaterales con México.
No en vano Felipe Calderón supone que El Chapo Guzmán “no está en territorio mexicano, y supongo que está en territorio americano. Aquí lo sorprendente es que él o su esposa están tan tranquilos en Estados Unidos, lo cual me lleva a preguntarme: bueno, ¿cuántas familias o cuántos capos mexicanos estarán más tranquilos en el lado norte de la frontera que en el lado sur? ¿Qué lleva a El Chapo a tener a su familia en EU?” (El Universal, martes 18 de octubre de 2011).
Estados Unidos con cartas bajo la mesa.
 
 
               EL DINERO DE LAS CAMPAÑAS, UNA HÁBITO PACTADO
               En su libro, Dinero del crimen organizado y fiscalización electoral, el jurista Oswaldo Chacón Rojas, manifiesta que el dinero de los cárteles de la droga tiene las puertas abiertas a los partidos políticos pues carecemos de un sistema de fiscalización eficaz que detecte el ingreso del recurso ilícito. A saber, en la pasada elección para gobernador en el estado de Michoacán, según sentenció Luisa María Calderón, candidata del PAN, tuvo injerencia el crimen organizado.
               Y es que no existen actualmente mecanismos que investiguen las cuentas de los partidos políticos y el origen del dinero privado (éste recurso no se deposita en cuentas de los propios partidos), pues el público, ése está a la vista de todos. A pesar de las reformas a la ley electoral en 2007 (los partidos políticos ya no pueden comprar o contratar espacios –tiempo aire-  en radio y televisión), las campañas son cada vez más caras, empero, “están dadas las condiciones para que haya demanda de recursos de toda índole”.
               Prácticas tan antiguas como la compra del voto se costea de los fondos privados que reciben los partidos porque no necesita un comprobante fiscal para demostrar gastos de campaña. Así, presenciamos coacción del voto a través de prebendas: dinero en efectivo, pago en especie en zonas marginadas (bolsas de frijol, arroz, granos varios, animales como pollos, pavos, cerdos), movilización de gente (pago de gasolina a taxistas y transportistas afines según el partido político), etc.
               El jurista también afirma que la “demanda de fondos coincide con la iniciativa de la delincuencia organizada para ofrecerlos, ya que necesita la impunidad para sus integrantes y el apoyo de los políticos que faciliten los negocios ilícitos; en ese sentido se necesitan mutuamente”. Una práctica que hemos desgranado en este presente artículo: la narcocultura de la corrupción y la impunidad.
 
 
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Artículos y libros consultados y recomendados
 
Bartra, Roger, “La hidra mexicana: el retorno del PRI”, en Letras Libres, núm. 157, enero de 2012.
Chacón Rojas, Oswaldo, Dinero del crimen organizado y fiscalización electoral, Ed. Fontamara, México, 2012.
Pérez, Ana Lilia, El cártel negro, Ed., Grijalbo, México, 2012.
Sefchovich, Sara, “País de mentiras”, Ed. Océano, México, 2008.
Revista PROCESO, números 1815, 1825, 1826, 1830, 1832, 1834, 1835, 1836.
Villalobos, Joaquín, “Nuevos mitos de la guerra contra el narco”, en Nexos, 01 de enero de 2012.
 
Twitter   @lopeherrera77