Desde los años noventa ha crecido el ingreso per cápita, pero se han estancado las tasas de pobreza en el país. Lo anterior se produce porque el crecimiento se concentra en las esferas más altas de la distribución. Oxfam de México informó que Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Bailleres y Ricardo Salinas Pliego controlan el 9% del Producto Interno Bruto (PIB).
México, donde el dinero es poder, tiene como gran enemigo de la democracia a la desigualdad. Los grandes capitales tienen una influencia decisiva sobre toda la política nacional. Un dato revelador de la vulnerabilidad del sector obrero es que en la mayoría de los países desarrollados la distribución de los ingresos en las empresas es de 70% para los trabajadores y de 30% para los dueños del capital, pero en México es al revés. Esta realidad difícilmente será revertida, ya que el uno por ciento de la población que posee el 43% de toda la riqueza nacional tiene mayor capital político que el resto, entre los que sufren 55 millones de pobres.
Mucho mayor que la desigualdad del ingreso es la desigualdad de la riqueza, la cual, según la OCDE se debe a una acumulación auto-reforzada que aumentará en ausencia de impuestos sobre la riqueza. Impuestos a las herencias, por ejemplo, son esenciales para volver los sistemas tributarios modelos más justos y equitativos.
Una prueba más de la injusticia social que padecemos fue la sentencia del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación (TEPJF), la cual incluyó a Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” como candidato presidencial independiente, cuando ni siquiera cumplió con el número total de firmas, y presentó un comportamiento falto de ética y de violación a diversos procesos legales. Así, 58% de sus firmas fueron apócrifas; 810,995 firmas no nunca estuvieron en la lista nominal; se descubrieron 158,532 simulaciones de firmas; se detectaron 173 millones de pesos de financiamiento sospechoso.
Tras tantos fraudes descubiertos, Jaime Rodríguez, “El Bronco”, se quedó con el 98.08% del total de los apoyos requeridos para aparecer en la boleta electoral. Aun así, el proceso manchado de corrupción del exgobernador de Nuevo León recibió el respaldo del TEPJF.
La resolución del máximo tribunal electoral nos ha demostrado que hay instituciones en México que están cooptadas por la corrupción que actúan en un afán político.
Una de las instituciones con mayor credibilidad como puede ser el TEPJF ha sido duramente manchada por una resolución a todas luces burda, grotesca y deficiente. Cuando hasta la vergüenza se pierde en favor de intereses mezquinos, la corrupción ha permeado en todos los ámbitos.
Es el colmo que, tras conferencia de prensa, el tribunal electoral haya confesado que Jaime Rodríguez no alcanzó las 866,593 rúbricas necesarias para obtener la candidatura presidencial, que la obtuvo gracias a una votación dentro del tribunal.
La creciente desigualdad se debe, en parte, a que las instituciones cada vez tienen menos instrumentos para atender las demandas ciudadanas. El descrédito, el acotamiento de facultades y la reducción de presupuestos ha sido la fórmula en este sexenio para evitar el avance de una democracia liberal.
La decisión de incluir al Bronco en la boleta fue con la intención de dividir el voto y generar un escenario como la elección del Estado de México. Otra vez, durante la gestión del licenciado Enrique Peña Nieto, se repite otro caso de corrupción escandalosa que indigna a toda la nación. Hablamos del mismo tribunal que le regresó al PRI la gubernatura de Coahuila y el que perdonó al partido Verde por todos los fraudes y violaciones electorales.
La contienda electoral demuestra que el gobierno romperá los límites con tal de arrebatar la banda presidencial. El tribunal electoral está al servicio de intereses mezquinos: se ha convertido en un esbirro que neutraliza al INE cuando se trata de nombrar candidatos, limitar los presupuestos en publicidad oficial y controlar líneas editoriales.