Uribe y los derechos sindicales
Por: Editson Romero Angulo
Periodista y educador
Uno de los datos más importantes en el  gobierno de Álvaro Uribe Vélez es la consistente trasgresión a los derechos sindicales.  Solo con recordar que, un gran numero de  las organizaciones protectoras de los derechos humanos autorizadas en la Comisión de Derechos Humanos (CDH) que se congregaron en Ginebra el pasado  17 de marzo hasta el 25 de abril   no dan el brazo a torcer,  en su entender que bajo el gobierno de  y Álvaro Uribe Vélez,   las condiciones  de los derechos sindicales ha declinado e incluso está tocando niveles de alta peligrosidad para la estabilidad democrática. Entre estas organizaciones se puede mencionar a Amnistía Internacional, la Asociación Americana de Juristas, la Comisión Internacional de Juristas, el Servicio Internacional para los Derechos Humanos, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Comisión Colombiana de Juristas, la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, FEDEFAM, el Consejo Canadiense de Iglesias, Human Rights Watch, la Federación Sindical Mundial, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, la Organización Mundial contra la Tortura, Franciscanos Internacional y 99 organizaciones colombianas del más variado tipo.
Ejemplo de lo anterior  se muestra en que  la violencia socio-política continúa agravándose. Entre julio de 2001 y junio de 2002, un promedio de 20 personas fueron muertas o desaparecidas de las cuales el 85% son atribuidas a agentes estatales y grupos paramilitares y el 15% a las guerrillas. Entre enero y diciembre de 2002, 17 defensores de los derechos humanos fueron víctimas de homicidios y desaparición forzada. Entre enero y octubre de 2002, se desplazaron forzadamente más de 353.100 personas, con un promedio de 1.284 diarias. Esto termina reflejándose en un  creciente deterioro de los derechos económicos, sociales y culturales. La concentración del ingreso aumentó del 0,54 en 1980 al 0,57 en 1999; el índice de pobreza es del 60%; el 2 por ciento de propietarios posee el 53% de la tierra; el desempleo es del 16%; 3 millones de niños y niñas están fuera del sistema escolar, según datos de la Comisión Colombiana de Juristas.  Un elemento particular que demuestra la persecución al movimiento sindical en Colombia y por  tanto la violación a los acuerdos con La OIT. - Lo encontramos en el En el encuentro de la Conferencia Internacional del Trabajo, CIT, que se realiza tradicionalmente en junio, la Confederación Sindical  Internacional, CSI, (ITUC por su siglas  en inglés),  que como se  sabe  es una voluntad unitaria a partir de la CIOSL y la CMT, entrego un  documento anual publicado en 2009, sobre las violaciones  a  derechos sindicales ocurridas a lo largo del año anterior. En dicho informe se asegura que:
"América Latina: "sigue siendo el continente más  mortífero para los sindicalistas, con 66 asesinados en 2008". 49 de  ellos perdieron la vida en Colombia, cifra que incluye a  cuatro Mujeres. En América Latina  fueron asesinados  casi el 87% de los sindicalistas que perdieron la vida en todo el mundo. En Colombia, los asesinatos de  sindicalistas representan el 64% de los ocurridos en el ámbito mundial y el 76% de los acaecidos en América Latina" Sumemos a esta realidad que el gobierno  Colombiano en cabeza de Álvaro Uribe Vélez" impulsa la inequidad social, profundizando la desigualdad  económica y  sumando a ello   la inseguridad jurídica, concebida como la mas evidente infracción  a los fundamentos del "Estado Social De Derecho  amparado por La Constitución Política de Colombia de  1.991". . En declaraciones de la Senadora  Gloria Inés Ramírez Ríos ASEGURA:
"Una vez más los capitalistas toman el Estado para incrementar sus ganancias, ya se está cocinando las condiciones para imponer una reforma integral al sistema de pensiones en el país, y todas, encaminadas a la bursatilidad por completo de las pensiones de los trabajadores colombianos, es decir, entregadas al manejo financiero de la banca nacional e internacional, mediante la administración privada de los fondos de pensiones. Todo obedece a las consabidas recetas del FMI, en la liberaciones de crédito, la desregulación de la tasa de interés, la privatización etc, aceptadas sin condiciones por el gobierno nacional encabezado por el presidente Uribe, que desde el 2004 en la XIII Convención Nacional de Seguros realizada en Cartagena, ya anunciaba la necesidad de reformar el sistema pensional, orientado al desmonte por completo del sistema de prima media pensional, sustituyéndolo por el sistema de ahorro individual entregado para la administración del sector financiero internacional, culpable en gran medida de la profunda crisis económica mundial, generada por la especulación financiera de los sistema de inversión. La integralidad de la reforma pensional, que aparte del desmonte del sistema de prima media, administrado por los Seguros Sociales, Cajanal y Caprecón, salvo que se sometan también a crear los sistema de capitalización individual; son un atentado flagrante contra la clase obrera, y los trabajadores en general; porque ella pasa además por incrementar la edad en mujeres y hombres para alcanzar la jubilación, incluso, igualarla al tope máximo de los 65 años, con el deterioro de las condiciones de vida no podrá disfrutar la pensión y se someterá al trabajador a una sobre explotación; permitir cotizaciones por períodos trabajados inferiores a un mes, es decir, no se garantiza el empleo digno, productivo, sin embargo se le somete a engrosar al sistema financiero; se pretende además, despojar al congreso nacional  de decidir la edad de jubilación, sustituyéndolo por un comité de expertos, se supone que los expertos son los capitalistas dedicado a este negocio, es como poner al diablo a hacer hostias.
El negocio se plantea redondo, al tomar el dinero de los trabajadores o cesantías por parte de los Fondos Privados de Pensiones, estos lo invierten en el caso"
El gobierno de Álvaro Uribe Vélez busca incrementar las  ganancias del sistema financiero sosteniéndose sobre los hombros de los trabajadores,  de esta manera, recae la estabilidad del sistema bancario sobre la clase  trabajadora. En América latina y particularmente en Colombia, se viene destruyendo el concepto de  solidaridad, en el momento de pensar en la seguridad social de la población. El gobierno de Uribe Vélez entiende  la seguridad social solo como un derecho prestacional, ligado al elemento contractual, no comprende que es un  derecho de la clase trabajadora
Este  empecinamiento gubernamental por transgredir el sistema de pensiones de jubilación, eliminando el  número de semanas cotizadas y separándose de los convenios de la OIT, nos  exige a los trabajadores estar impetuosos a hacer morada de querella colectiva  al  respeto; defender la a Constitución del 91, aliarnos  con los Congresistas  amigos,  para detener  la agresiva política que busca  destruir el derecho del trabajador a una pensión digna en un tiempo que pueda disfrutar de ella.