http://www.clarin.com/diario/2009/04/05/policiales/g-01891603.htm
 
 
LAS REFORMAS  AGRARIAS Y EL PROBLEMA AGRARIO  EN COLOMBIA DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX.
  
  
                                                                Ahiliz Rojas Rincón - Olmedo Vargas Hernández[1]
INTRODUCCIÓN
La persistencia de desequilibrios estructurales en la economía rural colombiana incide  profundamente en la calidad de vida de la población, en particular de  los campesinos. Ese conjunto de circunstancias configuran lo que en el medio académico ha dado en llamarse "el problema agrario," abrevadero de múltiples fenómenos y agentes políticos, antropológicos, económicos y sociales. El desenvolvimiento del nuevo orden mundial penetra en el núcleo de "el problema agrario", al provocar transformaciones que escapan al manejo y control de los actores económicos y políticos de la sociedad colombiana. Uno de los caminos para   desatar tan complejo nudo ha sido el de la Reforma Agraria, en cuyo recorrido han aflorado obstáculos de diversa naturaleza, tales que, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, provocaron un círculo de atraso, pobreza, dolor, violencia y cinismo en las relaciones de  pobladores y elites.
En este ensayo se  pretende mostrar la relación directa entre los orígenes del problema agrario y las reformas agrarias en Colombia, durante la segunda mitad del Siglo XX, para lo cual se propone una periodización, a través de cuyas cuatro fases es posible observar su dinámica y entender los vínculos entre política económica, desarrollo económico y poder político. Para ello se plantean  cuatro objetivos, los cuales constituyen el cuerpo capitular de este ensayo:
Identificar el conjunto de vínculos estructurales entre  "el Problema Agrario" y la Reforma Agraria en Colombia, durante la segunda mitad del siglo XX.
Caracterizar los ámbitos de la reforma Agraria dentro de la política económica y 
       Agraria en Colombia.
Analizar los rumbos de contenidos y ajustes implícitos en la política agraria frente a la reforma agraria y con base en ello, proponer una periodización que facilite su estudio y comprensión.
Establecer las tendencias del nuevo ambiente internacional y sus implicaciones para el desarrollo del sector rural en Colombia.
Para concebir y desarrollar este ensayo se usaron  artículos de académicos sobresalientes en el estudio del problema agrario en Colombia. De ellos se han tomado algunas ideas y  nos hemos apartado de otras en las que desarrollamos nuestros propios juicios. No es válido unilateralizar una de las salidas al problema agrario: redistributivistas y/o desarrollistas. Hoy, cuando el  mundo del capital tiende a ser unísono se pueden encontrar respuestas globales a fenómenos locales y viceversa como contrapartida de esa unicidad. 
I. EL PROBLEMA AGRARIO, FUENTE DE LA REFORMA AGRARIA EN COLOMBIA
Entre las limitaciones mas importantes que deben afrontar los países latinoamericanos para acceder a procesos reales de desarrollo está "el problema agrario". Se le denomina "el problema agrario", por reunir en sí  múltiples factores estructurales cuya complejidad se profundiza al modificarse el  entorno internacional, nacional, tecnológico, financiero y comercial que complementan las nuevas estructuras productivas del capital mundial.
En Colombia "el problema agrario" deviene de formas jurídicas coloniales de propiedad  sobre la tierra cuya titulación se reprodujo en el tiempo a la manera criolla, en favor de élites dueñas de grandes haciendas y latifundios improductivos, marginando a pequeños y medianos propietarios, a campesinos, aparceros, peones, colonos y otras formas de trabajo rural. Fue este, precisamente uno de los aspectos que apuntaron a resolver, sin éxito, las Leyes 200 de 1936 y 100 del 1945, antecedentes inmediatos de las Reformas Agrarias. Entonces, desde mediados del siglo XX el eje medular del "problema agrario" lo constituían: la violencia en el campo; la concentración de la propiedad sobre la tierra (latifundios y gran hacienda) en cuyo entorno subsistían formas campesinas atrasadas de posesión y trabajo; el minifundio; el monocultivo del café, renglón esencial de la economía; baja productividad agropecuaria; mercados estrechos y aislados; vías de acceso rural precarias; migraciones masivas; desequilibrios regionales;  ausencia de crédito suficiente; pobreza extrema, etc. A comienzo del siglo XXI la situación se agrava significativamente: datos oficiales (IGAC y CORPOICA:2005) establecen para 2003 que, 2.428 propietarios, 0.4% del total,  era dueño del 61% de la tierra en Colombia, mientras el 97%  accede a la propiedad del 24%. Por su uso, de los 114 millones de hectáreas de tierra, 51.3 millones constituyen la  frontera  interior  agropecuaria,  aunque técnicamente
(FAO 2003) solamente el 3.6% de la tierra es mecanizable; de nueve  millones de has., aptas para la agricultura, únicamente se utilizan 5 millones; en cambio, para la ganadería aunque hay 16.8 millones de has., aptas,  se utilizan 35 millones, y de éstas, sólo cinco millones tienen pastos mejorados, mientras que el resto se explotan de manera extensiva.
Así, en conjunto, el 45% de los suelos del país es destinado a usos inadecuados.
En el periodo  1960 y 1988 desaparecieron 51 mil unidades campesinas (anexos 1 y 2) y su participación relativa cayó del 4.5% al 3.7% en el total de propiedades, aunque creció el área ocupada por éstas en cerca de 100 mil has. Si lo primero se explica por factores que generan expropiación (remates, violencia, desplazamientos, agricultura comercial, etc.), lo segundo es dable por el reconocimiento legal de la expansión de la frontera agrícola nacional hacia tierras vírgenes de los llanos orientales, la orinoquia y la amazonia, etc.
Por su parte, el proceso de concentración de la propiedad sobre la tierra fue intenso  en la segunda mitad del Siglo XX (Kalmanovitz 2005, Fajardo, 2004, Machado 2004):  el número de fincas con más de 100 has., creció casi en el 100% entre 1960 y 1988 (de 36 mil a 72 mil propiedades), y casi duplicó también la cantidad de tierra ocupada (de 6.990 mil, a 13.452 mil Has.). Curiosamente, el gran latifundio (fincas de mil has.) disminuyó 800 mil en número de propiedades, como  5.143,4 mil has., en tierra ocupada, aún así, éste y la gran propiedad agraria (fincas mayores a 100 has.) concentraron algo mas del 53.7% de la tierra en tan sólo 78 mil propiedades, el resto, 46%, corresponde a 1.377,3 mil propiedades con 16.6 mil has. Este proceso fue posible por el auge de cultivos transitorios (cereales, oleaginosas de ciclo corto), la expansión creciente de cultivos permanentes (caña azúcar, palma africana), a los que se vincularon capitales de dudoso origen. Aunque creció el área de la economía campesina el tamaño promedio de las fincas, 1.9 has., no logró superar el nivel de precariedad. Esa precariedad se revela, por las deficiencias tecnológicas y por la pequeña cantidad de tierra realmente explotada  en Colombia. En el anexo 2 se observa que el uso productivo de la tierra es inversamente proporcional al tamaño de las propiedades: mientras las formas campesinas de subsistencia utilizan cerca del 40% de su superficie, algo mas de 500 mil Has., la gran propiedad y el latifundio apenas utilizan el 7.3% y el 1.7% (972 mil y 100 mil Has.), respectivamente. Por su parte, la pequeña y mediana propiedad tan sólo producen en 310 mil y 270 mil Has. (19.8% y 11.2% ), respectivamente. Las relaciones sociales y políticas derivadas de las grandes inequidades que produce la concentración de la propiedad sobre la tierra y el uso ineficiente del suelo en el agro colombiano, se revelan a través de tensiones y conflictos permanentes que manifiestan las diversas formas de violencia que caracterizan a la sociedad colombiana.
Por ello, un factor estructural de "el conflicto agrario"  han sido las diversas formas de las luchas agrarias por la tierra, cuyos registros más recientes datan de 1903, cuando el indígena Quintín Lame  lideró invasiones de tierras en Cauca, Huíla y Tolima. Mas recientemente,  "Las tomas de tierras que habían sido 600 en 1971 en pleno auge de la ANUC, se redujeron a un total de 6 entre 1978 y 1981, mientras que sólo en 1985 fueron algo más de 100."  Por su parte, "Después de la marcha de los colonos de El Pato en 1981, la lucha abierta del campesinado se reanimó. A partir de 1982 se desarrolló un nuevo ascenso de estas luchas: paros cívicos por vías y servicios, como los del Sarare (Arauca), Putumayo, Chocó, Nariño, Oriente y Suroeste antioqueños y muchos lugares más; marchas y éxodos masivos por paz, libertades y servicios, como las del Sur de Bolívar, Yondó, Caguán (Caquetá), Cauca y otras, o por tierra como la de Soacha." (Mondragón , 1).  Entre 2001 y 2006  fueron violentas las tomas de tierras sobre grandes haciendas en el Cauca, Cesar, Putumayo y Tolima, causando varios muertos entre los sin tierra, lo que en algunos casos implicó la intervención del Juez español Baltasar Garzón.  
 La violencia institucional y privada (Estado y latifundistas) constituye otro fenómeno estructural en la vida agraria colombiana. Por ejemplo, los procesos de colonización siempre fueron acompañados de múltiples formas de violencia. Según Mondragón-1, "La actual colonización en Colombia ha sido en casi todas partes una colonización armada, no sólo por falta de presencia de los servicios del Estado, sino especialmente como respuesta a los permanentes esfuerzos del gamonalismo latifundista por ensancharse a costa del colono y por eliminarlo como potencial competidor en el mercado y últimamente como respuesta a los grupos paramilitares que el narcotráfico financia para despojarlo de la tierra o de la producción." En la segunda mitad del siglo XX, la violencia en muchas zonas del campo colombiano tuvo recesos cuando un contrario eliminó al otro, mientras otro ciclo de violencia se anidaba. Los desplazamientos masivos de población campesina y su corolario, la expropiación, ha sido una consecuencia directa de la violencia, un factor de precariedad urbana en los cordones de miseria,  resultado de la mas grande contrarreforma agraria,  y muestra del alto impacto concentrador que la violencia paramilitar introdujo al despojar de sus tierras a cerca de 3 millones de campesinos en los últimos 10 años.
A lo anterior se agrega la baja inversión del Estado en programas agrarios, el desestímulo a pequeños y medianos productores y la eliminación del crédito de fomento agrícola.
  
  
II. LAS REFORMAS AGRARIAS: UN COMPONENTE MARGINAL DE LA  POLÍTICA ECONÓMICA Y   AGRARIA EN COLOMBIA DURANTE LA SEGUNDA MITAD  DEL SIGLO XX
Se concibe aquí la política agropecuaria como el conjunto de instrumentos y recursos económicos públicos aplicados al desarrollo del sector agropecuario según sean orientados a la inversión social o al apoyo de la actividad productiva agropecuaria, mediante regulaciones,  aportes directos del presupuesto público, o mediante subsidios y apoyo a los precios o al comercio.
Entre 1950 y 1990 predominó la política de protección del Estado al sector moderno de la agricultura, mediante la aplicación de altos aranceles y diversos mecanismos de control a las importaciones y precios de oleaginosas, cereales  y de otros bienes agrícolas, prevaleciendo mas el interés particular de la oligarquía agraria que el sentido técnico - fiscal. Instrumentos recurrentes de protección distintos al arancel, fueron las cuotas o prohibición de importaciones, licencias previas, precios de sustentación y compras del IDEMA, entre otros. A partir de 1990 se introdujeron cambios estructurales en la política agraria y comercial, dirigidos a desregular y liberalizar los mercados;  todos los sectores de la economía fueron expuestos a la competencia internacional y solamente se establecieron franjas de precios para regular algunos renglones agrícolas. Desde entonces  predominó la orientación liberalizadora, con motivo del ingreso del tema agrícola a las negociaciones multilaterales de la OMC, de la que  Colombia es miembro.
De acuerdo con Machado (1998),  la agricultura se carcacterizó al final del siglo XX por el avance de la gran propiedad, el deterioro de la mediana (minifundización) y la continua fragmentación de la pequeña (precarización), tres fenómenos acompañados de violencia, desplazamiento de pobladores rurales y masacres continuas por fuerzas paraestatales que han conformado, a sangre y fuego, dominios territoriales en un proceso de acumulación de rentas institucionales al estilo de una acumulación originaria. Por ello, la pobreza rural y la intensidad de los conflictos por la tierra aparecen como móviles de las Reformas Agrarias. Para el Banco Mundial, 2001,  en Colombia, la  pobreza en las áreas rurales fue del 80% en 1999 comparada con el 55% en las áreas urbanas. Con una población de 47 millones de personas, 26 millones, algo mas del 55% del total viven por  debajo de la línea de pobreza y 11 millones, o sea al 23% están por debajo de la línea de miseria. De ellos, el 57% de los pobres y el 74% de los indigentes están ubicados en el campo, todo ello en el marco de un conflicto que ha llegado a adquirir un gran potencial desestabilizador en el subcontinente (Fajardo, 2004).
Históricamente, los conflictos agrarios precipitan en Colombia la urbanización de su población y la "desagriculturización" del empleo: la población rural que en 1938 era el  69.1% , en 1951 fue 57.4%, en 1973 el 40.7%, en 1993 el 31.0% y en 2005 menos del 30%; este comportamiento demográfico coincide con la práctica desaparición de los recursos públicos asignados al sector: según la Contraloría General de la República (2001, 2002) de representar el 4.8% del presupuesto nacional en 1990 pasaron al 0.8% en el 2000. Aún así, los sectores agropecuario y agroindustrial contribuyen con el 22% del PIB y el primero aporta el 28% de las divisas (Misión Paz, 2001). La crisis productiva de los 90´s, sacó de la producción mas de un millón de hectáreas y expulsó 442 mil empleos rurales, proceso que indujo un creciente empobrecimiento de los habitantes rurales: según la Contraloría General de la República el 82,6% de esta población está por debajo de la línea de pobreza, con un ingreso inferior a US$2.00 diarios. Lo anterior ha ido aparejado con un creciente conflicto armado que en 15 años  desplazó mas de dos millones de personas, equivalentes al 4% del total de la población colombiana, cuestión que profundiza el empobrecimiento de los mas débiles y que comienza a extenderse hacia las fronteras con los países vecinos. A su vez y en el marco de esta crisis, la economía del narcotráfico en Colombia utiliza cerca de 144 mil has., sembradas de coca, 4.200 de amapola y otro tanto de marihuana (Vargas, 2005), alimenta la guerra, internacionaliza el conflicto y dificulta aún mas la solución de los problemas que tipifican el subdesarrollo colombiano.
Por lo anterior, no resulta extraño que los programas de Reforma Agraria surgieran por iniciativa Estadounidense en la Conferencia Panamericana de 1959 y en Colombia se adoptaran mediante la Ley 135 de 1.961. La Reforma Agraria hace parte de la política económica agropecuaria como mecanismo tendiente a aplacar la intensidad del conflicto agrario. Desde 1972, la Reforma agraria se desenvuelve en paralelo con programas de la llamada "revolución verde" y el desarrollo rural integrado - DRI,  de aparcería, asociación de productores y mercado de tierras, cuyo componente social busca  beneficiar a la población rural pobre a través del acceso a la tierra, dotación de  infraestructura y  servicios sociales básicos (educación, vivienda y saneamiento básico) , como también  el plan de desarrollo alternativo 2003-2006 que involucra programas para sustitución de cultivos, guardabosques, parques nacionales, etc., tendientes a consolidar unidades económicas campesinas de subsistencia en zonas de explotación cocalera.
Es evidente que el monto de los recursos que se aplican a los programas de reforma agraria y apoyo social campesino son significativamente inferiores a los montos para la modernización capitalista del campo colombiano, incluyendo aquí los costos para proteger  renglones transables, particularmente ganadería extensiva de engorde y leche y cultivos transitorios y permanentes. En conjunto, el gasto público aplicado al sector agropecuario moderno y de grandes propiedades, entre 1.990 y 2.000, superó los US$500 millones anuales en promedio. Todos los estudios recientes sobre el sector rural hacen énfasis en la ineficacia de la organización institucional para aplicar eficientemente los recursos públicos y alcanzar metas propuestas. Tal ineficiencia se revela en el hecho que  el costo de la inversión pública para adecuar con riego una hectárea de tierra (US$ 21.000)  fue 10 veces superior al costo promedio de proyectos individuales de irrigación  privada. Por su parte, mas del 75% de los recursos se aplicó a gastos de funcionamiento del INCORA, elevando desproporcionadamente el costo - beneficio o costo - efectividad de lo realizado: entre 1962 y 1999 fueron beneficiadas 101.845 familias a quienes se adjudicó 1.485.586 has., por redistribución de tierras intervenidas; fueron tituladas por posesión previa o baldíos 15.158.515 has., a 432.125 familias y 65.442 familias indígenas regularizaron para sus resguardos la propiedad colectiva en 30.452.454 has. En total, durante los 30 años de existencia del INCORA,  se actuó sobre  47.096.555 has., y se beneficiaron 599.412 familias. En promedio, el Estado invirtió 4,4 millones por ha., intervenida  y 63.8 millones de pesos por cada familia beneficiada, un beneficio - costo excesivo frente al mercado de tierras lo que reitera la ineficacia y el carácter marginal de la Reforma Agraria en Colombia.
Entonces además de la oposición violenta que los terratenientes y latifundistas opusieron a la Reforma Agraria, y  la distorsión económica y política que introdujo el Estado con programas desarrollistas paralelos y marginales, se sumó la opinión social adversa creada por la ineficiencia e ineficacia estatal. El ritmo de la necesidad social por la redistribución de la propiedad sobre la tierra siempre  fue mayor al ritmo a la acción institucional.
  
III. FASES DE LA REFORMA AGRARIA EN COLOMBIA: LOGROS Y LIMITACIONES ESENCIALES
  
  
Un estudio de la Reforma Agraria y la política hacia la pequeña agricultura en Colombia puede estructurarse en cuatro fases o periodos, con base en cambios en el Estado y sus relaciones y énfasis sociales, y en la política económica y agraria de los gobiernos, así:
1. Institucionalización y Organización de la Reforma Agraria: 1961 - 1972
 
En la primera fase de la Reforma Agraria en Colombia,  1961 - 1972, prevaleció  mas un soporte económico y político internacional que la voluntad política nacional. El mandato panamericano de la OEA, convocó la sinergia de recursos e instituciones internacionales: el apoyo financiero de la AID,  BID, BIRF y el FIDA - ONU y el apoyo técnico de misiones internacionales de Estados Unidos y su programa de cuerpos de paz, de México, Perú, Francia, Holanda, Israel e Inglaterra, y de organismos como la FAO y la CEPAL., garantizaron un arranque seguro de la Reforma Agraria, ante la presión silenciosa de la élite latifundista y terrateniente. Fueron notorios logros en obras de adecuación de tierras, crédito, capacitación, reforestación  y entrega de tierras a campesinos. Durante este periodo (anexo 3) se adquirieron 715.563 has., de las cuales,  344.255 por compra, 350.107 por cesión y solamente 30.983 has., por expropiación. El gasto público fue de $2.373.714 millones, de los que cerca de $2 mil millones se aplicaron a inversión, el resto a servicio de la deuda y funcionamiento. Aunque se reconocieron títulos sobre 3.362 mil Has., a 123 mil campesinos lo meritorio es que los primeros resguardos legitimaron su derecho sobre 74 mil has., y se redistribuyó 376 mil has., a 34 mil campesinos sin tierra.
A la ofensiva del nuevo gobierno conservador quien asumió el conflicto agrario con la guerra siguió el reformismo liberal que facilitó la organización campesina, ANUC, promovió empresas comunitarias y reconoció a las comunidades indígenas el derecho a la tierra, se creó la ONIC.  La Ley 1ª  de 1968 completó el marco regulatorio e institucional de la Ley 135 de 1961, abrió trocha a la reforma. Empero, el ¡A desalambrar! de campesinos e indígenas para forzar titulaciones de tierras y el cauce populista de la ANAPO y  la izquierda liberal dieron jaque al statu quo bipartidista, el liberalismo entregó la causa agrarista a la derecha conservadora. El gobierno de Nixon optó por la guerra. La ola reformista llegó a su fin.
  
2. Contrarreforma, paralelismo excluyente del modelo campesinista: 1972 - 1982
La contrarreforma Agraria se asentó en cuatro variables: la estrecha solidaridad  bipartita (presidencialismo militarista, estatuto de seguridad, etc.) para neutralizar el movimiento popular en campos y ciudades; aplicación del monetarismo en la política económica del Estado; supeditación campesina, aparcero,  al latifundio, relaciones laborales informales, Ley 6ª de 1975; estímulo al campesino empresario a través del Programa de Desarrollo Rural Integrado - DRI.
En ese marco, se desactivaron los programas de Reforma Agraria, ley 4ª de 1973; se reorientó el crédito hacia empresarios y grandes propietarios y se priorizó el crédito campesino en asistencia técnica, Ley 5ª/75;  se pretendió confrontar, en vez de complementar, estos dos programas y mostrar que, convertido en empresario, el pequeño propietario sería mas eficiente, sustituyendo así el camino de la redistribución de tierras  por el modelo del pequeño empresario agrícola supeditado a la hacienda. Parte del  paralelismo y menoscabo a la reforma agraria se observa en: disminución de los recursos aplicados por el presupuesto nacional a la redistribución de tierras frente a las cuantiosas sumas apropiadas a los programas de aparceros y beneficiarios DRI. Se focalizó en cinco grandes regiones la aplicación de programas DRI; disminución de recursos para inversión y creció el gasto en funcionamiento y bajó el área sometida a redistribución de la tierra (112.5 mil Has.), y disminuyó en extremo las familias beneficiadas. Al contrario, creció desproporcionadamente la adquisición de tierras para titulación  (venta de tierras agotadas) y sólo se cumplió formalmente con el proceso de titulación a resguardos que se había iniciado en la fase anterior. (anexos 1, 2, 3). Paralelamente, el conflicto reivindicativo agrario se convirtió en un conflicto armado y la protesta urbana se generalizó en paros cívicos nacionales, regionales y locales. Asesinatos, torturas, desapariciones, allanamientos, detenciones arbitrarias, realizados al amparo de leyes draconianas. Una historia de terror en la democracia Colombiana.
3. Reforma Agraria como proyecto político democrático: 1982 - 1992
Resurgió la Reforma Agraria en zonas del conflicto armado a través del Plan PNR y  gesto político en el proceso de paz del gobierno y grupos insurgentes M-19, FARC, ELN, EPL y otros. Se recuperó el espacio de los derechos humanos. La Ley 35 de 1982   enfatizó la Reforma Agraria en la compra de tierras. Esta creció hasta las 54.704 has., en 1987 y  96.098 has., durante 1992,  pero eliminó la política de expropiación. La corrupción en los avalúos catastrales generó sobreoferta de tierras y déficit en la capacidad financiera del programa. La fuerza de la izquierda democrática estimuló el auge de luchas agrarias, marchas campesinas, tomas de tierra, y la unidad de sindicatos agrarios y organizaciones campesinas, en cuya confrontación se expidió la ley 30 de 1988, que introdujo el concepto de compra - venta de tierras, eliminó la distribución de tierras inadecuadamente explotadas y prohibió la adquisición o expropiación de predios invadidos, ocupados de hecho o perturbados por actos de  violencia.
Como se observa (anexos 1,2,3), la inversión del Estado se aproximó a los $1.4 billones de pesos, semejante a la primera fase, pero con la diferencia que aquí se aplicó a compra de tierras para asignarla a resguardos y redistribución, bajó la parte de funcionamiento. Se beneficiaron 144 mil familias campesinas y 41.300 familias de resguardos indígenas. La ruptura de los diálogos generó masacres campesinas, asesinatos selectivos y eliminación del partido de izquierda, la UP.
4. Subordinación asistencial y empresarial del campesino: 1.990 - 2006
  
Aunque en los noventa se realizaron las últimas acciones de redistribución, titulación y resguardos indígenas,  la Reforma agraria llegó a su fin, al ser liquidado el INCORA, en 2002, sustituido por INCODER. En esta fase el énfasis está en el desarrollo del pequeño campesino a través de diversos programas: mercado de tierras, reservas campesinas -Ley 190 de 1994, asociaciones productivas, sustitución de cultivos y redistribución de bienes incautados. El Estado no pudo comprar el 1.2 millón de has., que ofertaron  medianos y grandes propietarios en quiebra económica y sólo adquirió 42.5 mil has., asignadas a 3.113 familias. Como los beneficiarios debían pagar el 30%, la mayoría de estos entró en quiebra y pueden ser nuevamente expropiados. El fracaso del programa llevó al diseño de las "Alianzas productivas" en las que los campesinos se integran a un proyecto agrícola o forestal con  empresarios agrícolas. El BM financia el 60% del programa , US$ 32 millones aplicables a subproyectos de capacitación, infraestructura agrícola,  canales de riego, instalaciones de acuicultura, invernaderos, maquinaria, equipo y estudios especiales. Este modelo contribuye a crear una nueva forma de feudalismo en el agro colombiano, donde el campesino se subordina al empresario.
  
  
IV. EL NUEVO AMBIENTE INTERNACIONAL Y EL PROBLEMA AGRARIO EN COLOMBIA
  
Con la nueva fase de globalización, se han modificado los actores, las fronteras, la dinámica y los componentes, de un mercado mundial cada vez mas libre de ataduras y resistencias. Los cambios tecnológicos que la ciencia ha facilitado en las comunicaciones complementan  los  espacios y procesos de liberalización de mercados a nivel mundial (OMC), regional (uniones económicas, UE, MERCOSUR, etc.) y bilateral (NAFTA y mas de cien que registra la OMC), y viabilizan el actuar del capital financiero en su escenario natural, el mercado mundial. El capital financiero centraliza en sí mismo los mercados mas próximos y mas recónditos a través de las mas variadas  operaciones y pactos de asociación, fusión, adquisición, compra y patentación de empresas, productos, servicios e invenciones. Simultáneamente establece la vigencia de nuevos procesos productivos que se realizan con las mas modernas tecnologías, en las que la producción de bienes y servicios recurre al uso de nuevas materias primas e insumos.
La actual fase de mundialización del capital ha transformado también la organización de los procesos productivos y la organización de la sociedad. La evidencia de esos cambios se revela en: 1. La existencia de grupos de países de marginalidad reciente (en África, Asia y América latina y el Caribe) los cuales, aún si se cumplieran las metas del milenio, difícilmente pueden seguir garantizando una sobrevivencia digna a sus pobladores; 2. El cambio en las fronteras geopolíticas de occidente, como estrategia necesaria del capital financiero para delimitar espacios cautivos de mercado y propulsar nuevas plataformas desde las cuales incidir mas directamente en el mercado de bienes estratégicos como el petróleo y nuevos materiales; 3. El paradigma del terrorismo elevado a la categoría de fundamento de la política económica "nacional" y mundial y agente distribuidor de alianzas políticas y económicas, asignador de recursos fiscales para la industria militar, facilitador del comercio desde los países pobres hacia los mercados de países desarrollados y certificador de buena conducta de gobiernos, asociaciones civiles y de personas; 4. La expansión y homogenización de una cultura urbana en hábitos, costumbres, modas, consumos, etc., hasta los rincones mas extremos del universo;  5. Perversidades del desarrollo como la contaminación ambiental global y los residuos radioactivos amenazan no sólo la existencia de la naturaleza sino de toda la cultura humana; 6.El monopolio sobre las patentes de productos tecnológicos y científicos acabados o parciales (caso estructura del genoma), sobre conocimientos ancestrales en bioquímica y botánica de las comunidades nativas e incluso sobre palabras, nombres, etc., que implique utilidad;  entre otros.
Ese marco ha modificado también la necesidad de introducir cambios internos, en la organización económica de las sociedades, para poder participar colateralmente de los beneficios que supone la integración de la economía en un único espacio mundial.
Si bien los acuerdos de libre comercio o las uniones económicas constituyen espacios adecuados para transitar menos abruptamente hacia una economía mundial plenamente integrada, también pueden retrazar procesos de inserción, concentrando los beneficios solamente en aquellos grupos económicos locales. Por eso, los cambios en las estructuras internas, para los países en desarrollo como los latinoamericanos han de tener prioridad en el sector de bienes primarios, particularmente del sector agropecuario.
Los conflictos derivados de las negociaciones del libre mercado en la Ronda de Doha y particularmente en las conferencias de Seattle y Hong Kong evidencian la importante magnitud estratégica que la agricultura representa para los países en desarrollo, pero también manifiesta la cuota de garantía que las comercializadoras internacionales le otorgan a sus connacionales  y que acogen los gobiernos en los países de la OCDE. La FAO ha identificado el carácter estratégico de la agricultura en el amplio  sentido de la multifuncionalidad, dimensión que ha acogido y ampliado la Unión Europea para redefinir sus vínculos comerciales y de cooperación con los países latinoamericanos.
Desde los países latinoamericanos, y en particular desde el grupo de países andinos (Comunidad Andina de Naciones) se ha definido el perfil  multidimensional de la agricultura en la actual etapa del desarrollo.
Uno y otro, multidemensionalidad o multifuncionalidad representan conceptos similares y convergentes que no han de ser pretexto para afianzar la cooperación y la integración económica entre las dos regiones. Ello supone una amplia dosis de asistencia técnica, cooperación cultural y apoyo al desarrollo, y al mismo tiempo una ponderada reasignación de recursos al interior de los procesos integracionistas como condición sine quanon para evitar mayores niveles de marginalidad económica de cada vez mas grupos sociales de los países en desarrollo.
La contribución a resolver el "problema agrario" en países como Colombia, ha de responsabilizar a las élites de este país a cumplir éticamente con los compromisos y apoyos internacionales en la aplicación de los recursos y el respeto y reconocimiento a la dignidad de los pobres del campo y de los pequeños y medianos campesinos quienes contribuyen con la mayor parte del producto a la riqueza social, pero no acceden a la redistribución de ésta.
  
  
  
  
  
  
  

CONCLUSIONES
 
 En cincuenta años de búsquedas para resolver el "problema agrario", en Colombia han ocurrido cambios significativos en el sector agrario, sin que por ello se resuelva o aminore la complejidad del mismo: Las Reformas agrarias han sido insuficientes para resolver "el problema agrario" como para apoyar la necesaria reinserción productiva del país al mercado mundial. Los Cambios en la Estructura Productiva manifiestan la pérdida de predominio del café en la economía nacional, ante las modificaciones del mercado mundial,  El auge de los cultivos permanentes (caña y palma africana) en la estructura interna corresponde al valor estratégico de estos en el sector de alimentos como fuentes carburantes. El hecho de que tales bienes requieran para su producción en grandes extensiones de tierra, ha implicado agravar el conflicto agrario, desplazando grandes masas de población campesina.  El incremento significativo de la superficie agrícola y la ampliación de la frontera interior mediante la colonización, ha rebasado a los programas de reforma agraria en su vinculación al circuito económico, exponiéndolos a estímulos de la renta cocalera.  La reforma agraria no ha contribuido a reducir la pobreza rural, mucho mayor en las áreas rurales que en las urbanas. En el campo el 79% de la población es pobre, en la ciudad es el 55%. La Miseria es mayor en las áreas rurales (37% si la medición se hace con el criterio de pobreza extrema o 30% con el de dos dólares diarios) en comparación con las áreas urbanas (14% y 5% respectivamente). Sin embargo, es evidente que la complejidad del conflicto agrario rebasa los ámbitos y alcances de una reforma agraria marginal. La existencia de programas de desarrollo rural, paralelos y sustitutivos de la reforma agraria, muestra la ineficiencia institucional para aplicar eficientemente recursos escasos en la solución de los conflictos agrarios.
 
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Fajardo M, Darío. La Tierra y el Poder Político: La Reforma Agraria y la Reforma Rural en Colombia. Rev. Reforma Agraria Colonización y Cooperativas, FAO ISSN 0251-1894. 2002.
  
Horst Finck. Resultado Magro de una Política Agraria. Los Problemas Estructurales de la Agricultura Colombiana. Nueva Sociedad. N. 29 Marzo-Abril 1977, PP. 61-68
Kalmanovitz Salomón y López Enrique: "Tierra, Conflicto y Debilidad del Estado en Colombia" en Observatorio de la Economía Latinoamericana 44, junio 2005.

ANEXOS
                                                                     Anexo 1
    
  
COLOMBIA: DISTRIBUCION DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA, 1960-1988
  
  
Número de UPAs     Superficie de las UPAs
                         (Miles de UPAs)            (Miles de hectáreas)
  
                            1960          1988          1960          1988
Menos de 5           756.6        705.6        1,239.0      1,343.7
De 5 a 10              169.1        232.6        1,164.7      1,589.6
De 10 a20             114.2        182.6        1,572.1      2,504.4
De 20 a 50              86.8        168.1        2,638.7      5,171.7
De 50 a100             40.0          88.4        2,680.5      6,063.8
De 100 a 500          36.0          72.0        6,990.5    13,451.4
Mas de 500               6.9            6.1      11,052.4       5,909.0
  
  
Total                  1,209.7     1,455.4      27,337.8     36,033.6
  
                             Fuente: Ministerio de Agricultura
Tomado de: CEPAL- SERIE Desarrollo productivo Nº 109
  
 
COLOMBIA: DISTRIBUCION DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA, 1960-1988
  
  
Área de fincas         Número de UPAs            Superficie de las UPAs
(% de UPAs)                    (% de la superficie)
  
1960     1988                     1960       1988
Menos de 5                   62.5    48.5                         4.5          3.7
De 5 a 10                      14.0    16.0                             4.3          4.4
De 10 a20                        9.4    12.5                         5.8          7.0
De 20 a 50                      7.2    11.6                         9.7        14.4
De 50 a100                     3.3      6.1                         9.8        16.8
De 100 a 500                  3.0      4.9                       25.6        37.3
Mas de 500                     0.6      0.4                       40.4        16.4
  
Total                           100.0  100.0                     100.0      100.0
  
Fuente: Ministerio de Agricultura
Tomado de: CEPAL- SERIE Desarrollo productivo Nº 109

                                                                    
Anexo 2
  
  
  
  
  
  
  
  
Distribución de las Fincas y su Superficie y Uso Agrícola según Tamaños
  
 
Tamaño 1995 - 1996*                     % Fincas       % de Tierra      % Uso Agrícola
  
                                                      1995  1996        1995 1996         1995 1996
  
Muy Pequeño  (0 a 5 Ha.)         46.8      50.2        3.2     3.7         38.6    32.8
Pequeño        (5 a 20 Ha.)         27.5      27.8        9.9   10.9         22.9    19.8
Medio Bajo  (20 a 50 Ha.)         12.8      11.8      13.8   14.0         12.7    11.2
Medio Alto   ( 0 a 200 Ha.)        10.2        8.0      33.9   28.2          6.9      7.3
Grande         (+ de 200)#               2.8       2.2       39.9   43.1          2.5      1.7
 
* Pedazos en el Segmento de la Muestra PSM# hasta 500, 1.000 Ha. o 1.200 Ha. Según Depto.
 
Fuentes: DANE. Encuesta Nacional Agropecuaria, 1995, pg. 173 y 1996 información inédita.
COLOMBIA: ¿REFORMA AGRARIA O MERCADO DE TIERRAS? Pag. 22
 Tomado de: Mondragón H. Colombia: ¿Reforma Agraria o mercado de tierras?
  
Porcentaje (%) del Área sembrada del país según tamaños de finca (PSM)
  
  
Tamaño Ha.           %
 
0 a 20                 43,3
20 a 50               20,3
50 a 100             13,4
100 a 200           12,8
200 a 500             7,8
+ de 500               1,3
  
Fuente: DANE Encuesta Nacional Agropecuaria 1996
                                                Tomado de: Mondragón H. Colombia: ¿Reforma Agraria o mercado de tierras?
Anexo 3
COLOMBIA: RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DEL INCORA POR PERIODOS
(Hectáreas)
  
Período                 Redistribución             Titulación         Resguardos Indígenas             Total
  
1962-1967                 98.522                        1.560.084                    12.615                           1.671.221
1968-1972               276.716                        1.802.023                    61.525                           2.140.264
1973-1982               112.529                        2.863.960               5.904.267                           8.880.756
1983-1987               135.848                        1.610.845               3.948.837                           5.695.530
1988-1994               574.316                        3.460.100             17.661.239                         21.695.655
1995-1999               287.655                        3.861.503               2.863.971                           7.013.129
1962-1999            1.485.586                     15.158.515              30.452.454                         47.096.555
 
Fuente: INCORA. Cálculos propios
Tomado de: CEPAL- SERIE Desarrollo productivo Nº 109
 
  
COLOMBIA: FAMILIAS BENEFICIADAS
POR LOS PROGRAMAS DE INCORA, POR PERIODOS
(Número de familias)
  
Período                 Redistribución              Titulación             Resguardos Indígenas          Total
  
1962-1967                   14.358                         46.613                               246                            61.217
1968-1972                   19.634                         76.294                               506                            96.434
1973-1982                     6.770                         97.270                            7.667                          111.707
1983-1987                     8.016                         51.218                          15.369                            74.603
1988-1994                   33.670                         92.934                          25.930                          152.534
1995-1999                   19.397                         67.796                          15.724                          102.917
1962-1999                 101.845                       432.125                          65.442                          599.412
 
Fuente: INCORA, FNA (Fondo Nacional Agrario)
Tomado de: CEPAL- SERIE Desarrollo productivo Nº 109
  
COLOMBIA: TIERRAS INGRESADAS AL FONDO NACIONAL AGRARIO
POR PERÍODOS (Hctáreas)
  
Período                       Compra             Expropiación              Cesión                  Total
  
1962-1967                     92.870                   5.652                       259.339               357.861
1968-1972                  251.385                  25.331                         80.768               357.702
1973-1982                    78.781                  33.748                           9.147               121.859
1983-1987                  132.726                    3.122                           3.564               139.412
1988-1994                  573.070                    1.246                           1.183               575.499
1995-1999                  286.118                    1.537                           0                      287.655
1962-1999               1.414.950                  70.636                       354.001            1.839.988
 
Fuente: Oficina de Planeación del INCORA. Cálculos propios.
 Tomado de: CEPAL- SERIE Desarrollo productivo Nº 109
Anexo 4
  
COLOMBIA: PRESUPUESTO EJECUTADO POR EL INCORA, 1962-1999
(Millones de pesos de 1999
 
  
Año            Inversión                  Funcionamiento                 Servicio de la deuda              Total
  
1962             10,626                              7,002                                        4,448                          22,076
1963             53,321                            13,412                                        3,906                          70,639
1964             94,459                            18,836                                      17,225                        130,520
1965           147,363                            28,573                                        3,255                        179,191
1966           162,824                            16,513                                        6,818                        186,155
1967           223,788                            32,373                                        7,889                        264,049
1968           324,065                            35,682                                      11,640                        371,387
1969           308,690                            30,574                                      15,714                        354,977
1970           308,124                            37,917                                      26,109                        372,150
1971           119,445                            89,927                                      24,807                        234,180
1972             96,413                          128,385                                      29,401                        254,200
1973             78,624                          114,109                                      39,939                        232,673
1974             83,592                          100,074                                      33,416                        217,082
1975             88,353                          110,222                                      35,206                        233,781
1976             66,573                            77,676                                      29,253                        173,502
1977             52,211                            83,948                                      14,602                        150,761
1978             84,680                            27,477                                      10,389                        122,546
1979             77,183                            29,601                                        4,133                        110,917
1980             94,760                            20,511                                        1,716                        116,987
1981             99,843                            18,759                                        1,919                        120,521
1982             88,779                            22,781                                        9,802                        121,362
1983           117,274                            22,456                                        7,975                        147,704
1984           123,833                            23,680                                      12,753                        160,265
1985             80,666                             20,873                                        2,826                        104,365
1986             95,765                             22,184                                        6,221                        124,171
1987             90,734                             34,363                                      35,422                        160,519
1988             86,449                             34,718                                      26,104                        147,271
1989           204,875                             62,331                                      30,032                        297,238
1990           209,344                             60,558                                      22,947                        292,849
1991           105,614                             60,401                                      21,317                        187,333
1992           110,539                             66,788                                      22,812                         200,138
1993           104,088                             75,386                                      29,798                         209,272
1994           102,071                             48,790                                      21,533                         172,394
1995             97,736                             54,868                                      26,404                         179,009
1996           156,761                             46,137                                        8,528                          211,426
1997           106,342                             58,562                                        6,149                          171,053
1998             58,484                             47,885                                      23,472                          129,842
1999             32,935                             57,947                                        1,954                            92,836
Total
1962-1999 4,547,225                      1,842,278                                    637,836                        7,027,340
 
Fuente: con base en información de la Oficina de Planeación del INCORA
Tomado de: CEPAL- SERIE Desarrollo productivo Nº 109
  
  
  
  
COLOMBIA: COSTO FISCAL DE REDISTRIBUCION DE TIERRAS EJECUTADO POR EL INCORA
(Millones de pesos de 1999)
 
  
                    Período                 Por familia beneficiada      Por hectárea distribuida
  
1962-1967                         55,4                                          8,1
1968-1972                         73,2                                          5,2
1973-1982                       224,9                                        13,5
1983-1987                         81,5                                          4,8
1988-1994                         42,0                                          2,5
1995-1999                         35,0                                          2,4
1962-1999                         63,8                                          4,4
 
Fuente: Oficina de Planeación del INCORA. Cálculos propios
Nota: Incluye inversión y funcionamiento
                Tomado de: CEPAL- SERIE Desarrollo productivo Nº 109
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISTA DE SIGLAS
AID.  Agencia Interamericana de Desarrollo.
ANAPO.  Alianza Nacional Popular.
ANUC.  Asociación Nacional de Usuarios Campesinos.
BID.   Banco interamericano de Desarrollo.
BIRF. - BM.  Banco internacional de Reconstrucción y Fomento
BM. Banco Mundial.
CORPOICA.   Corporación para la Investigación Agropecuaria.
DRI.     Programa de Desarrollo Rural Integrado.
ELN.   Ejercito de Liberación Nacional.
EPL. Ejercito popular de Liberación.
FAO.    Comisión de Naciones Unidas para la Agricultura y el Desarrollo.
FARC.   Fuerzas armadas Revolucionarias de Colombia.
FIDA. Fondo Internacional de Desarrollo agropecuario de la ONU.
IDEMA.  Instituto de Mercadeo Agropecuario.
IGAC.   Instituto Geográfico Agustín Codazzi
INCODER. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural.
INCORA.   Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
M-19.   Movimiento 19 de Abril.
MERCOSUR.  Mercado Común del SUR.
NAFTA. Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.
OMC.   Organización Mundial de Comercio.
ONIC.  Organización Nacional Indígena del Cauca.
UP. Unión Patriótica.

TABLA DE CONTENIDO
                                                                                                                                    Pág.
INTRODUCCIÓN                                                                                                       1
I     EL PROBLEMA AGRARIO FUENTE DE LA REFORMA            AGRARIA                   2
     EN COLOMBIA   
II   LAS REFORMAS AGRARIAS: UN COMPONENTE MARGINAL DE                 5
      LA POLÍTICA ECONÓMICA Y AGRARIA EN COLOMBIA DURANTE
      LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO  XX      
III  FASES DE LA REFORMA AGRARIA EN COLOMBIA:  LOGROS Y                 7
      LIMITACIONES ESENCIALES       
IV  EL NUEVO AMBIENTE INTERNACIONAL Y EL PROBLEMA AGRARIO       9
      EN COLOMBIA                                         
V    CONCLUSIONES                                                                                                 11
BILIOGRAFÍA                                                                                                                        12
ANEXOS                                                                                                                     13
  

[1] Los autores son miembros del Grupo de Investigación "Espacios para el Desarrollo - ESPED" y del Grupo internacional "Fronteras Globales". Ahiliz Rojas Rincón: Doctorante de la UAM y catedrática de la UPTC; Olmedo Vargas Hernandez, Director del Doctorado en Historia-UPTC.